Informe respecto de la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica de someter a regulación de tarifas determinados servicios provistos por las empresas de servicio público sanitario, entre ellas, Aguas Andinas

Abstract

El informe fue elaborado por Butelmann Consultores a solicitud de Aguas Andinas S.A., en el contexto de una solicitud de tarificación presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con el objeto de someter a regulación de tarifas 15 servicios no regulados prestados por empresas sanitarias, principalmente los servicios de Ampliación del Territorio Operacional (ATO) y los regulados por el artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios (LGSS).

El informe concluye que la solicitud de la FNE no es procedente, por cuanto los servicios cuestionados no presentan características monopólicas en los términos exigidos por el artículo 12 A de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios (LTSS). Los servicios ATO y 52 bis son de carácter voluntario, pueden ser prestados por terceros y se desarrollan en un entorno competitivo: solo en la Región Metropolitana existen al menos 15 empresas sanitarias independientes de Aguas Andinas con concesiones vigentes. Someter estos servicios a regulación tarifaria, lejos de fomentar la competencia, extendería artificialmente el monopolio legal de las sanitarias a zonas donde este no existe.

El documento argumenta, además, que la solicitud ya fue resuelta y rechazada por el TDLC en la Sentencia 85/2009 bajo argumentos sustancialmente idénticos, sin que hayan mediado cambios normativos relevantes desde entonces. A través de un análisis econométrico con datos de 182 proyectos ATO y 52 bis desarrollados por Aguas Andinas entre 2013 y 2022, se demuestra que las inversiones requeridas en cada proyecto dependen de variables específicas de localización y escala (caudal, distancia, densidad poblacional), lo que hace inviable una tarifa uniforme y justifica la evaluación caso a caso. Finalmente, se defiende el Modelo de Evaluación vigente de Aguas Andinas como un mecanismo de autorregulación superior al modelo de empresa eficiente, por cuanto reconoce costos reales, asigna correctamente los riesgos y evita subsidios cruzados entre consumidores.